2015
terminó con dos récords que en apariencia no tienen mucho que ver:
fue el año más caluroso desde que se tienen registros –así lo
han confirmado este mes la NASA, la Administración para el Océano y
la Atmósfera, y la agencia meteorológica británica– y en el que
los inversionistas se volvieron locos por los bonos verdes. ¿Qué
tiene que ver el aumento de temperatura del planeta con dónde
colocar el dinero? Mucho, según el último estudio del centro de
estudios del banco BBVA. En los doce últimos meses, la emisión
mundial de estos títulos alcanzó 41,300 millones de dólares
(38,000 millones de euros), un 15% más que en 2014 y casi el triple
que el año anterior. Esta es la forma en la que grandes
corporaciones, bancos e incluso ciudades están lanzándose a
financiar la reducción de su impacto ambiental y la huella de
carbono, cuyo auge el informe atribuye al impulso que ha dado el
Acuerdo de París contra el cambio climático. Aunque del consenso de
la capital francesa no salieron compromisos vinculantes de reducción
de emisiones para los países, su revisión prevista cada cinco años
sí ha marcado una senda que el mundo financiero empieza a
interiorizar: la transición hacia otra economía que dependa cada
vez menos del petróleo, el gas y el carbón. Por una razón: el
riesgo que ya suponen esos activos. En esa línea hay que entender el
gigantesco movimiento mundial de desinversión en energías fósiles,
que hasta el momento ha sacado 3.4 billones de dólares (3 billones
de euros) de las energías sucias, según un informe de 350.org; o el
cálculo de la huella de carbono en las carteras de inversión; o el
aumento del gasto mundial en tecnologías renovables. Cada uno de
estos arañazos a las energías fósiles es un paso para reorientar
el flujo de capital de un modelo energético a otro muy distinto. No
hay que olvidar que la transición energética costará mucho dinero.
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) lo ha cifrado nada
menos que en 1.3 billones de dólares (un billón de euros) anuales
en el horizonte de 2050– más o menos
el equivalente del PIB español–. Y, aquí, ahora han entrado en
escena los bonos verdes, una nueva forma con la que las grandes
corporaciones, bancos, y también ciudades buscan reducir su
exposición a las energías fósiles. Estos bonos tienen solo una
diferencia respecto a los convencionales: deben probar que el capital
recibido de los inversionistas se destina a proyectos ambientales,
por ejemplo, reducir el consumo energético. “La atención sobre el
climate finance [el flujo de capitales que mueve la lucha contra el
cambio climático], que la cumbre de París ha acelerado, va a
catalizar el interés de los inversionistas y emisores por los bonos
verdes, diversificarlo y expandirlo en muchas partes del mundo”,
apunta el informe del BBVA. Este organismo prevé que este
instrumento de financiamiento crezca hasta los 100,000 millones de
dólares (92,000 millones de euros) este año. Aunque la cifra es
abultada, apenas representa el 1% de la emisión de bonos
convencionales, según Mirova, la gestora especializada en
inversiones responsables de Natixis Global A.M. Lo interesante es que
su crecimiento está siendo exponencial y saliendo de los organismos
supranacionales (bancos de desarrollo), que abrieron este nuevo
mercado en 2007, al sector privado o los Gobiernos regionales. “Aún
es un mercado embrionario, partimos de muy abajo, pero aunque resulte
más caro que un bono tradicional, los inversionistas lo buscan para
diversificar sus carteras”, comenta Aaron Baker, autor del informe.
Incrementa el precio el hecho de que haya que demostrar el fin
ambiental, es decir, la consulta de una segunda opinión. “Eso
cuesta dinero”, matiza Baker. Pero ese valor añadido explica que
los Gobiernos regionales, como el Estado de Conneticut, o ciudades
como Oslo, se estén lanzando a emitir bonos verdes. “Hay un gran
apetito inversor por este tipo de activos, el cambio climático es el
gran tema de inversión del siglo XXI”, añade Jaime Silos,
director de desarrollo corporativo de Forética y presidente de
SpainSIF. En 2015, solo un año después de que la eléctrica
francesa EDF se convirtiera en la primera empresa en emitir este tipo
de títulos, según la asociación ClimateBonds Iniciative, el 33% de
los emisores fueron compañías, seguidas de Gobiernos regionales
(13%), bancos (12%), bonos de titulización (11%) y organismos
supranacionales (44%). Por volumen de activos, la eléctrica gala
ocupó el año pasado el tercer puesto mundial de los mayores
emisores. Los autores del estudio se preguntan cómo afectará a este
incipiente mercado el batacazo de los bonos verdes basura de Abengoa,
que en septiembre de 2014 se convirtió en la primera compañía en
emitir los llamados high yield, un instrumento financiero de alta
rentabilidad a muy corto plazo y alto riesgo por el que la compañía
no pudo responder. Baker matiza el impacto del impago a los bonistas
de la compañía, en preconcurso de acreedores: “Abengoa fue la
primera empresa en emitir un bono de este tipo, pero hay que tener en
cuenta, en contra de lo que se suele pensar, que la mayoría de los
inversionistas es más conservadora, su apuesta por los high yield es
limitada y existen otros tipos de títulos verdes”. El Banco
Europeo de Inversiones (BEI) fue el primero que se lanzó en 2007,
junto al Banco Mundial, a la emisión de bonos verdes, según la
asociación ClimateBonds Initiative. Ese fue el mismo año en el que
la crisis financiera explotó, dando paso después a la recesión
económica que ha durado siete años. Mientras el mercado de bonos
convencionales crecía a medida que las compañías necesitaban
acceder al crédito para financiarse al margen de los bancos, los
títulos verdes se mantuvieron dentro de organismos supranacionales,
como el BEI europeo. No fue hasta 2013 cuando los bonos empezaron a
abrirse a esta nueva categoría. En marzo de ese año se vendió en
una hora el primer título verde por 1,000 millones de dólares
(921,000 millones de euros). Ese fue el primer paso para que un año
después, la eléctrica EDF, Bank of America y Vasakronan, se
convirtieran en las primeras corporaciones en emitir títulos para
financiar actividades ambientales dentro de sus respectivas
compañías. La mayor emisión de títulos llegó en 2014 con GDF
Suez, que alcanzó 2,500 millones de euros. Y de las compañías se
pasó a los gobiernos locales y regionales. Massachusetts fue el
primer Estado que lanzó un bono verde, en junio de 2013. Le siguió
un año después Gotemburgo, con el primer título ambiental emitido
por una ciudad. Desde entonces se han sumado California,
Johannesburgo y el Estado de California. http://eleconomista.com.mx
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